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¿Por qué las estrategias de marketing y publicidad de Productos Comestibles Ultraprocesados dirigidas contra niñas, niños y adolescentes vulnera su derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas? y ¿cuál es la obligación del Estado colombiano para garantizar la protección de este derecho frente a los intereses de empresas transnacionales?
Con estas preguntas, FIAN Colombia, abordó esta problemática durante la Conferencia Internacional llamada “Empresas Transnacionales y Derechos Humanos: caminos para su realización efectiva”, iniciativa que se realizó en Vitoria, Espíritu Santo (Brasil) entre el 9 y 10 de noviembre.
La ponencia reflexionó sobre la eficacia y los avances de la implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas en Colombia, y su relación con el respeto de los derechos humanos en contextos de operación transnacional tanto en el caso de la comunidad de El Hatillo (Cesar) afectada por extracción de carbón a cielo abierto, y quien se encuentra un proceso de reasentamiento involuntario por contaminación ambiental, y por otro lado, el caso de las estrategias de marketing y de publicidad impulsadas por la industria de alimentos y bebidas, cadenas y corporaciones contra niñas, niños y adolescentes del país.
“Las obligaciones de DDHH de protección frente a las empresas son primordialmente una obligación del Estado, es una forma de protegernos frente a la captura corporativa”, dice Gloria Holguín coordinadora de Incidencia Política de FIAN Colombia.
Este año el Comité DESC de la ONU expresó su preocupación sobre el estado de desnutrición e incremento del índice de sobrepeso y obesidad en la población de Colombia tras una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país. En ese marco, recomendó al Estado colombiano adoptar medidas para proteger y promover el derecho a una alimentación adecuada de la población.
“Las estrategias de marketing y de publicidad de PCUs contra niñas, niños y adolescentes es un caso que no se enmarca dentro del sector extractivo y por tanto está fuera del alcance del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas en Colombia; sin embargo, es un caso con eventuales violaciones de derechos humanos por empresas transnacionales”, señala Holguín.
El Gobierno sigue sin tomar con seriedad que, en la ejecución de sus actividades, las empresas generan impactos negativos (daños) que derivan en violaciones de DDHH. Así mismo, sigue desconociendo la necesidad de incorporar mecanismos regulatorios y vinculantes para la garantía y respeto de los DDHH por parte de las empresas transnacionales.
FIAN Colombia se articula con la Mesa de Política de Empresas y Derechos Humanos conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil que realizan seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Acción para Empresas y Derechos Humanos en Colombia. Además, hace parte de la Alianza por el Tratado de empresas y derechos humanos, iniciativa que en el seno de las Naciones Unidas busca elaborar un documento vinculante para los estados que permita prevenir, controlar, regular, perseguir y sancionar, los abusos y crímenes contra derechos humanos que cometen en el mundo las empresas transnacionales.