FIAN Internacional y su sección en Ecuador saludan la decisión judicial emitida el viernes 3 de agosto de 2018[1], que confirma la resolución del Juez de primer nivel, de aceptar la acción de protección propuesta por comuneros de la parroquia de Molleturo sobre el proyecto Rio Blanco[2] ejecutado por la compañía china, Junefield Ecuagoldmining South América S.A., al haberse violado el derecho al debido proceso de la consulta previa, libre e informada.
Es esta es una decisión histórica para los pueblos del Ecuador, que sienta un precedente a destacar en el país y el continente, así lo reflejó el abogado de las comunidades y presidente de la Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador) Yaku Sacha Pérez Guartambel quien manifestó: ‘al fin ganan los defensores y defensoras del agua al poder económico y político de corporaciones transnacionales mineras’[3].
FIAN Internacional y su sección en Ecuador alientan al Estado ecuatoriano a implementar dicha sentencia en su totalidad, y de esta manera reflejar dentro de Ecuador la posición que ha mantenido en el proceso del Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales, ante las Naciones Unidas en Ginebra. Cabe mencionar que de acuerdo a la sentencia, el seguimiento de su cumplimiento le corresponde al Estado a través de la Defensoría del Pueblo.
La decisión también ordena la desmilitarización de la zona, protegiendo la integridad de las comunidades. Habría que recordar que los representantes comunitarios han sido y continúan criminalizados en el accionar de su derecho a la protesta social. [4]
Las comunidades de Molleturo fueron visitadas en julio de 2018 por la Misión Internacional Verificación ‘Territorios en Resistencia’ de la Red Mundial por el Derecho a Alimentación, la cual constató violaciones el derecho a la consulta previa, libre e informada, así como el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas. Los abusos contra las comunidades debido a las actividades de la empresa Junefield Ecuagoldmining South América S.A., también comprometen la responsabilidad del estado de China, en virtud de obligaciones de derechos humanos más allá de sus fronteras – obligaciones extraterritoriales.
Según datos de la misma compañía se extraería oro y plata mediante una mina subterránea, para lo cual removerá aproximadamente 800 toneladas de roca por día, operando por alrededor de 7 años, para obtener 605.000 onzas de oro y 4´307.000 onzas plata[5].
Cabe destacar que las comunidades afectadas por dicho proyecto se autodefinen como indígenas, con sus respectivos derechos colectivos, por lo que invitamos al Estado ecuatoriano a incluir y normar dentro de sus prácticas el respeto a dichos derechos contemplados en la Constitución de la República, e instrumentos Internacionales de derechos humanos.
Fuentes
[1] Decisión de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay, al confirmar la sentencia de primer nivel que acepta la acción constitucional por la vulneración del debido proceso a la consulta previa, libre e informada en las comunidades de San Felipe de Molleturo.
[2] Proyecto que se desarrolla en el bosque protector Molleturo, que intersecta con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El Cajas, que está a pocos kilómetros del sitio arqueológico de Paredones y es parte de la zona del macizo del Cajas, una zona frágil y sensible;
[3] Corape (2018). AZUAY: Corte ratifica suspensión de actividades mineras en Río Blanco – CORAPE. [online] CORAPE. Available at: http://www.corape.org.ec/azuay-corte-ratifica-suspension-de-actividades-mineras-en-rio-blanco/ [Accessed 6 Aug. 2018].
[4] El Universo (2018). Protesta contra minería dejó 4 detenidos y daños. [online] El Universo. Available at: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/10/nota/6752358/protesta-contra-mineria-dejo-4-detenidos-danos [Accessed 6 Aug. 2018].
[5] El Mercurio (2018). Oro y plata ya extraen de Río Blanco. [online] Issuu. Available at: https://issuu.com/elmercuriocuenca/docs/hemeroteca-27-04-2018 [Accessed 5 Aug. 2018].